La Ley de Pago a 30 Días (Ley 21.131) es una normativa clave en Chile diseñada para proteger la liquidez de las empresas, especialmente pymes. En el ecosistema empresarial chileno, la gestión del flujo de caja ha sido históricamente un desafío, especialmente para los proveedores más pequeños. Para mitigar esto, se promulgó la Ley 21.131, conocida popularmente como la Ley de Pago a 30 Días. Esta normativa no es solo una regla contable, sino un pilar de justicia comercial que busca democratizar el acceso al capital de trabajo.
La Ley de Pago a 30 Días establece que toda factura emitida por un proveedor debe ser cancelada en un plazo máximo de 30 días corridos desde su recepción.
Esta medida es de carácter obligatorio y transversal: aplica tanto para empresas privadas (grandes, medianas y pequeñas) como para los organismos del Estado.
Antes de esta ley, los plazos de pago podían extenderse de forma arbitraria hasta los 90 o 120 días, lo que obligaba a muchas empresas a quebrar por falta de efectivo.
Hoy, el marco legal asegura que el esfuerzo productivo se traduzca en ingresos en un tiempo razonable.
Un error común en la gestión financiera es confundir cuándo comienza a correr el reloj de los 30 días. Según la normativa actual, el plazo se contabiliza desde la recepción de la factura.
Sin embargo, en Chile, el uso de la Guía de Despacho Electrónica es obligatorio para el traslado de bienes.
La ley vincula ambos documentos: si existe una guía de despacho previa, el receptor tiene un plazo acotado para reclamar o aceptar el contenido, lo que agiliza la emisión de la factura definitiva y, por ende, el inicio del conteo para el pago.
Para un software de finanzas, este seguimiento es vital para evitar multas innecesarias.
Sí, la ley permite cierta flexibilidad, pero bajo condiciones muy rigurosas para evitar abusos de posición dominante. Se pueden pactar plazos mayores a 30 días siempre y cuando:
Para las empresas en Chile, esta ley ha transformado la forma en que utilizan el Factoring. Al tener una fecha de pago cierta y legalmente protegida, el costo del descuento de facturas tiende a ser más bajo y predecible.
Las empresas ya no usan el factoring para "sobrevivir" a una espera indefinida, sino como una herramienta estratégica para acelerar el crecimiento.
Un software de finanzas robusto permite a los gerentes de administración visualizar qué facturas están próximas al día 30, permitiendo una planificación de tesorería que evite el pago de intereses corrientes y proteja la reputación de la empresa frente a sus proveedores.