Tras el cambio de mando realizado este 11 de marzo de 2025, el nuevo gobierno asume sus funciones en un escenario marcado por las expectativas de la fuerza laboral. Según el reciente Panel de Encuestados de Buk, realizado a 159 profesionales y trabajadores en Chile, la creación de puestos de trabajo se ha consolidado como la demanda más apremiante para la nueva administración.
A esta urgencia le siguen la seguridad social (mencionada por el 29%) y la flexibilidad laboral (19%), configurando una hoja de ruta donde la estabilidad y la adaptabilidad son los ejes centrales del mercado.
Con la instalación de las nuevas autoridades el 11 de marzo, los datos recopilados por el panel de Buk indican las áreas donde se concentra la expectativa de la agenda laboral. Un 46% de los encuestados considera que el incentivo a la creación de nuevas plazas de trabajo debe ser el área de mayor urgencia para el nuevo gobierno.
Esta prioridad de los trabajadores chilenos se alinea con el contexto de empleabilidad nacional, donde la reactivación económica es fundamental para reducir la tasa de desocupación en Chile, la que ha alcanzado un 8% según el último Informe de Empleo Nacional publicado por el INE y que han presionado al mercado laboral en el último año.
Junto a la generación de vacantes, la muestra identifica otras dimensiones técnicas que componen la demanda del mercado laboral y que se relacionan directamente con el marco regulatorio vigente:
Para el 29% de los participantes, la prioridad se centra en la seguridad social, lo que incluye reformas al sistema de pensiones y mejoras en salud laboral. Esta demanda se enmarca en la discusión técnica sobre la sostenibilidad de los sistemas de protección en Chile. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social es un estándar internacional para garantizar la resiliencia de la fuerza laboral ante cambios en el ciclo económico, permitiendo que los trabajadores cuenten con redes de protección institucionalizadas ante contingencias o el retiro.
La flexibilidad laboral fue señalada por el 19% de los encuestados como un área de acción relevante. Técnicamente, este concepto se refiere a la adaptabilidad de las jornadas y las modalidades de trabajo (como el formato híbrido o teletrabajo) para facilitar la organización del tiempo.
En Chile, tras la entrada en vigencia de la Ley de 40 horas, el desafío institucional radica en cómo las organizaciones aplican esquemas de adaptabilidad que mantengan la continuidad operativa. Organismos como la OCDE señalan que la flexibilidad regulada permite una distribución más eficiente de las tareas y una mejor integración de diversos segmentos de la población al mercado formal.
Un 6% de la muestra destaca la necesidad de enfocarse en la formalización laboral. Este punto es de especial relevancia técnica, dado que, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de ocupación informal en Chile se ha mantenido en niveles significativos, lo que implica una falta de cobertura en seguridad social y leyes de protección para un sector de la población.
Respecto al primer año de gestión, las personas encuestadas mantienen una proyección moderada sobre posibles cambios en sus condiciones laborales. La mayoría no prevé variaciones significativas en los siguientes indicadores:
Al analizar los avances del periodo que finaliza, los resultados del panel identifican políticas específicas como los mayores aciertos en materia laboral:
El levantamiento también abordó el impacto de la tecnología en el empleo. Un 73% de los encuestados considera que es prioritario que el gobierno establezca una agenda regulatoria sobre IA y trabajo.
Sobre los tiempos de implementación, las opiniones se dividen:
La relevancia de que el Estado asuma un rol activo en esta materia responde a la necesidad de mitigar riesgos de desplazamiento laboral y garantizar una transición justa hacia la automatización. Organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE han subrayado que la intervención gubernamental es crucial para establecer marcos éticos que protejan los derechos de los trabajadores, eviten sesgos en algoritmos de selección y promuevan la reconversión de competencias (reskilling).
En síntesis, la agenda que enfrenta el nuevo gobierno está definida por la necesidad de incentivar nuevas plazas de trabajo y modernizar el marco normativo frente a la digitalización. Mientras que la generación de empleo se posiciona como el eje central de las demandas (46%), la regulación de la IA aparece como un nuevo estándar de protección laboral exigido por la ciudadanía.
La capacidad de articular estas urgencias económicas con la consolidación de beneficios y seguridad social definirá la dinámica del mercado del trabajo en este nuevo ciclo político.
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