Tras el cambio de mando ocurrido el 11 de marzo de 2026, se inicia un nuevo período gubernamental liderado por José Antonio Kast en Chile. Para los funcionarios del Estado, este hito conlleva interrogantes sobre la continuidad de los acuerdos económicos en el Sector Público. Sin embargo, el marco jurídico nacional establece certezas respecto a las remuneraciones y beneficios para el presente año fiscal.
A continuación, detallamos la normativa vigente que rige las condiciones salariales del Sector Público para 2026.
El incremento de remuneraciones para el presente año está mandatado por la Ley N° 21.806. El reajuste total pactado es del 3,4%, el que se implementa de manera parcelada en dos etapas:
Este calendario es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado, garantizando la actualización automática de los sueldos base y sus asignaciones.
Para facilitar la comprensión del impacto real en el presupuesto familiar, presentamos una proyección del incremento bruto según distintos niveles de ingresos:
| Sueldo Bruto Actual (Referencial) | Reajuste Junio (1,4%) | Nueva Remuneración Bruta |
| $700.000 | + $9.800 | $709.800 |
| $1.100.000 | + $15.400 | $1.115.400 |
| $1.600.000 | + $22.400 | $1.622.400 |
| $2.500.000 | + $35.000 | $2.535.000 |
| $3.511.800 | + $49.165 | $3.560.965 |
| Sobre $3.511.800 | Consultar Tope Ley | Monto según escala |
Nota: Los valores son referenciales y pueden variar según las asignaciones específicas de cada estamento y zona geográfica.
El mes de marzo incluye pagos específicos regulados por el Artículo 13 de la citada ley. Los montos fijados para este periodo son:
Ante el inicio de una nueva administración, la continuidad de los empleos a contrata es un punto de atención técnica. Según la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, rige el principio de Confianza Legítima.
Sin embargo, para este periodo 2024-2025, es crucial distinguir que el "período determinado" para adquirir esta protección varía según la vía de impugnación:
Este criterio establece que, si un funcionario ha renovado su contrato de forma continua por un periodo determinado, la institución no puede proceder a su no renovación sin un acto fundado. El cambio de mando, por sí solo, no constituye una causa legal suficiente para la desvinculación de personal bajo este supuesto jurídico.
La Ley de Reajuste también fija los valores para el resto del año, asegurando la previsibilidad financiera:
El marco legal vigente otorga continuidad a los beneficios económicos del Sector Público para el periodo 2026-2030. Las instituciones de gestión de personas deben asegurar que sus sistemas de nómina estén parametrizados para reflejar el próximo aumento del 1,4% en junio, garantizando así el cumplimiento de la normativa fiscal.
Este artículo fue elaborado en base a la Ley de Presupuestos vigente y los dictámenes vigentes de la Contraloría General de la República al 12 de marzo de 2026.
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