La Ley de Sala Cuna Universal en Chile es un proyecto de ley que busca modificar el Artículo 203 del Código del Trabajo para garantizar el derecho a cuidado infantil a todos los trabajadores y trabajadoras, sin importar el número de empleados de la empresa. Actualmente, la iniciativa se encuentra en su segunda etapa constitucional en el Senado y, aunque su discusión se reactivará en marzo de 2026, su fecha de aprobación definitiva depende del consenso técnico sobre su financiamiento y de las negociaciones entre el gobierno actual y el equipo del presidente electo.
En esta nota, desglosamos qué propone realmente esta ley, por qué se encuentra "frenada" y cuáles son las fechas clave que determinarán cuándo podría entrar en vigencia.
Actualmente, el Artículo 203 del Código del Trabajo establece que solo las empresas que contratan a 20 o más mujeres están obligadas a pagar sala cuna.
Este sistema ha sido criticado debido a dos razones principales:
La ley universal permitiría que este grupo no tenga que sacrificar su formalidad laboral para acceder a cuidados. Según el estudio, Radiografía de las Mujeres en el Trabajo 2025 de Buk, un 49% de las mujeres en LATAM que trabajan de forma independiente lo hacen para conciliar su vida laboral y personal.
De esa forma, el nuevo proyecto buscaría:
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Característica |
Sistema Actual (Art. 203) |
Proyecto de Ley Universal |
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Requisito de empresa |
Solo empresas con 20 o más mujeres contratadas. |
Todas las empresas, desde 1 trabajador, sin importar el género. |
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Beneficiarios |
Exclusivamente madres trabajadoras (salvo excepciones legales). |
Padres y madres trabajadores, además de cuidadores legales e independientes. |
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Financiamiento |
Gasto directo del empleador (considerado un "costo de contratación femenina"). |
Fondo Solidario alimentado por cotizaciones y aportes estatales. |
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Trabajadores Independientes |
No tienen acceso garantizado al beneficio. |
Estarían incluidos, siempre que cumplan con sus cotizaciones previsionales. |
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Impacto en el empleo |
Puede desincentivar la contratación de mujeres para no llegar al límite de 20. |
Neutraliza el costo de contratación, promoviendo la equidad de género. |
Fuente: Elaboración propia basada en el Artículo 203 del Código del Trabajo (Dirección del Trabajo) y el Boletín N° 14.782-13 del Senado de la República (Proyecto de Ley Sala Cuna Universal).
A pesar de ser una prioridad para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el proyecto cerró el ciclo legislativo de enero de 2026 sin ser despachado. ¿Qué pasó?
La ausencia del presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza (UDI), al cierre de enero, impidió que la instancia sesionara para votar las últimas indicaciones. Mientras el Gobierno acusa "maniobras dilatorias" para evitar que esta ley sea parte del legado de la administración Boric, desde la oposición argumentan que las definiciones del Ejecutivo llegaron tardíamente y sin margen de análisis.
Sectores de la oposición han manifestado que el proyecto carece de un estudio de sustentabilidad financiera a largo plazo. La pregunta es: ¿Tiene el Estado los recursos para garantizar este pago de forma automática si la demanda crece más de lo previsto?
Un sector del oficialismo y organizaciones como la CUT expresaron inicialmente dudas sobre si este beneficio funcionaría como un "voucher" que termine financiando a privados, prefiriendo un fortalecimiento directo de la red JUNJI e Integra.
Aunque se han logrado acuerdos, el equilibrio entre la libertad de elección de los padres y el control estatal sigue en disputa. Sin embargo, el texto del proyecto sí contempla un sistema mixto en este sentido.
La fecha clave sería en marzo 2026. Tras el receso de febrero, el Congreso retomará sus funciones con una agenda cargada. Sin embargo, el panorama ha cambiado tras la elección presidencial. El equipo del presidente electo, José Antonio Kast, ya ha solicitado una "pausa" para evaluar los costos del proyecto con sus propios equipos económicos (liderados por Jorge Quiroz).
Escenarios posibles:
La Ley de Sala Cuna Universal se encuentra en una encrucijada donde convergen la necesidad de modernizar el mercado laboral y la responsabilidad fiscal del Estado. Mientras el oficialismo destaca la urgencia de cerrar brechas de género antes de finalizar su mandato, la oposición enfatiza que una política pública de esta magnitud requiere un diseño técnico sin fisuras y con financiamiento asegurado.
El futuro de la iniciativa dependerá de la capacidad de diálogo entre el gobierno saliente y el equipo entrante durante el mes de marzo. Lo que está en juego no es solo un beneficio laboral, sino la definición de un modelo de cuidados que determinará cómo se relacionarán las familias, las empresas y el Estado en los próximos años. El debate sigue abierto y su resolución será uno de los primeros hitos políticos del nuevo ciclo que comienza.
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