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API de Portabilidad Financiera

Leyes financieras

¿Qué es API de Portabilidad Financiera?

La API de Portabilidad Financiera es la respuesta tecnológica para dar cumplimiento operativo a la Ley N° 21.236 (Ley de Portabilidad Financiera). Antes de esta normativa, cuando una empresa o persona deseaba cambiar sus créditos o cuentas corrientes a un banco que le ofrecía mejores tasas, debía solicitar presencialmente certificados de deuda y liquidaciones para entregarlos manualmente a la nueva entidad. Al implementarse las APIs de Portabilidad, el proceso se digitaliza por completo. El banco "solicitante" (el nuevo) puede conectarse de forma segura a los servidores del banco "inicial" (el antiguo) para extraer automáticamente el "Certificado de Liquidación de Deudas" en formatos estructurados. Esta interconexión segura agiliza los estudios de riesgo, reduce los plazos de tramitación de semanas a solo días y disminuye los costos operativos de notarías o tasaciones, permitiendo una portabilidad financiera transparente e impulsada por software.

Ejemplo:

Un banco comercial consume la API de Portabilidad Financiera de un competidor para descargar en tiempo real el saldo de deuda vigente de un cliente que desea refinanciar su crédito hipotecario.

Consejos de aplicación

Si eres desarrollador o analista en una institución financiera sujeta a la Ley N° 21.236, asegúrate de que tus esquemas de API validen de forma estricta los tokens de autorización del cliente antes de liberar el expediente de deudas, garantizando que los datos no sean expuestos a entidades no autorizadas.

Diferencias relevantes

La API de Portabilidad Financiera es un canal de comunicación institucional cerrado y específico regulado por la Ley N° 21.236 para el traspaso formal de productos de crédito y cierre de cuentas entre bancos, mientras que las APIs del Sistema de Finanzas Abiertas (Open Banking) de la Ley Fintech proveen un acceso continuo y dinámico a datos y saldos para que los use cualquier software o ERP autorizado.

Normativas asociadas

Ley N° 21.236 (Regula la Portabilidad Financiera): Es la legislación matriz en Chile que introduce un modelo simplificado y regulado para que las personas y microempresas puedan cambiarse de proveedor financiero (bancos, cajas de compensación, emisores de tarjetas) de forma rápida, traspasando sus productos de ahorro, créditos de consumo e hipotecarios. Obliga a las instituciones a emitir un "certificado de liquidación" y un "certificado de tasas", sentando las bases legales para el intercambio automatizado de información. Reglamento de la Ley de Portabilidad Financiera (Decreto Supremo N° 1.173 del Ministerio de Hacienda): Corresponde a la normativa secundaria que define los plazos, formatos y procedimientos administrativos que las instituciones financieras deben seguir obligatoriamente. Establece el flujo cronológico que va desde la solicitud de portabilidad del cliente hasta la oferta de portabilidad del nuevo banco, regulando cómo deben interactuar los sistemas de soporte para la subrogación de garantías y el alzamiento de hipotecas.

Preguntas frecuentes

¿Qué documentos específicos viajan a través de la API de Portabilidad Financiera?

Viajan de manera digital y estructurada los Certificados de Liquidación de Deudas, los cuales contienen el saldo de capital remanente, las tasas de interés pactadas, el valor de las cuotas vigentes, las comisiones de prepago aplicables y las condiciones de las garantías asociadas.

¿Puede el banco de origen bloquear la solicitud de datos realizada por la API del nuevo banco?

No. Si el cliente ha firmado y presentado una "Solicitud de Portabilidad" formal ante la nueva institución, el banco de origen está obligado por ley a responder y entregar la información técnica requerida a través de sus sistemas dentro de los plazos estrictos definidos por la normativa vigente (habitualmente de 3 a 5 días hábiles).

¿Cómo se asegura la identidad del cliente en el uso de la API de Portabilidad Financiera?

El banco solicitante debe adjuntar a la petición de API el mandato digital o la solicitud formal firmada electrónicamente por el cliente (a menudo validada mediante ClaveÚnica o firma electrónica avanzada), lo que actúa como la llave legal para que el sistema del banco inicial libere el expediente crediticio de forma automatizada.

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