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Pago a 30 Días

Pagos a proveedores

El pago a 30 días representa un plazo de crédito estándar en el comercio B2B (Business to Business). Este término establece que el desembolso efectivo se realizará exactamente 30 días después de la fecha de emisión del documento o, según se acuerde, desde la recepción conforme de la mercadería. En muchas jurisdicciones, existen "Leyes de Pago a 30 Días" que buscan proteger a las pequeñas y medianas empresas, obligando a los grandes compradores a respetar este plazo para evitar que el retraso en los pagos asfixie la liquidez de sus proveedores. Para la empresa compradora, este plazo es vital para el flujo de caja, ya que permite vender el inventario antes de tener que pagarlo. Para el proveedor, aunque implica esperar por su dinero, le otorga una ventaja competitiva al ofrecer facilidades de pago. La correcta gestión de este plazo requiere una integración perfecta entre el departamento de compras y el de finanzas para programar los pagos y evitar intereses por mora o el bloqueo de suministros.

Ejemplo:

Una empresa recibe insumos el 1 de octubre y, bajo esta condición, realiza la transferencia bancaria al proveedor el 31 de octubre.

Consejos de aplicación

Configura alertas en tu software de finanzas para que el flujo de aprobación finalice al día 25, asegurando que el pago se ejecute puntualmente al día 30.

Diferencias relevantes

A diferencia del "pago al contado", el pago a 30 días es una forma de financiamiento gratuito que posterga la salida de efectivo sin generar intereses.

Preguntas frecuentes

  • ¿Cuándo empieza a correr el plazo de los 30 días? Depende de la legislación o contrato, pero suele ser desde la fecha de recepción de la factura o la aceptación del servicio.
  • ¿Qué sucede si el día 30 cae un fin de semana o festivo? Generalmente, el pago debe anticiparse al último día hábil anterior o realizarse el día hábil inmediatamente posterior según el acuerdo.
  • ¿Se puede pactar un plazo mayor a 30 días? Sí, siempre que exista un acuerdo escrito entre las partes que no sea considerado abusivo por las normativas de protección a la pyme.

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