Ley 40 Horas: ¿Quiénes se quedan fuera de la rebaja de jornada el 26 de abril?

El próximo 26 de abril de 2026 marca el segundo gran hito de la Ley 21.561, conocida como la Ley 40 Horas. En esta fecha, la jornada laboral ordinaria en Chile debe reducirse de 44 a 42 horas semanales. Si bien esta normativa busca mejorar la calidad de vida de miles de colaboradores, existen grupos específicos que, por la naturaleza de sus funciones o su régimen contractual, no verán modificada su carga horaria.

En Buk, sabemos que la gestión de personas requiere precisión legal. Por ello, analizamos a fondo quiénes son los trabajadores que quedan excluidos de esta rebaja y qué dice el dictamen más reciente de la Dirección del Trabajo (DT) al respecto.

La exclusión del Artículo 22: El nuevo estándar

Históricamente, el inciso segundo del Artículo 22 del Código del Trabajo era utilizado de forma amplia para eximir a trabajadores de la limitación de jornada. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 40 Horas, este espacio se restringió significativamente.

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¿Quiénes mantienen la exclusión de jornada?

Según la normativa vigente y los criterios de la Dirección del Trabajo, solo dos categorías de trabajadores pueden quedar hoy fuera del límite de 42 horas (y futuras 40 horas):

1. Altos cargos de confianza: Gerentes, administradores y apoderados con facultades de administración (aquellos que tienen poder de decisión y representación de la empresa).
2. Trabajadores sin fiscalización superior inmediata: Solo aquellos que, por la naturaleza de sus labores, no pueden ser supervisados directamente.

Nota importante: La DT ha sido enfática en que la falta de fiscalización debe ser real. Si un colaborador tiene un sistema de marcaje, debe reportar avances diarios o tiene horarios de conexión obligatorios, no puede ser excluido y debe beneficiarse de la rebaja a 42 horas.

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Otros regímenes que no se ven afectados el 26 de abril

Si bien el próximo 26 de abril de 2026 la jornada laboral ordinaria se reduce legalmente a 42 horas semanales, existen grupos de trabajadores que, por su naturaleza jurídica o contractual, no se ven impactados por este hito de la Ley 21.561 de la misma forma.

1. Trabajadores del Sector Público

La Ley 40 Horas modifica exclusivamente el Código del Trabajo. Por lo tanto, los funcionarios públicos regidos por el Estatuto Administrativo (Ley 18.834) o el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (Ley 18.883) no reducen su jornada de forma automática este abril. Su proceso de reducción se rige por proyectos de ley independientes y acuerdos específicos entre el Gobierno y la ANEF, manteniendo sus propios plazos de implementación.

2. Honorarios y prestadores de servicios

Las personas que prestan servicios mediante la emisión de boletas de honorarios no mantienen un vínculo de subordinación y dependencia bajo las normas del Artículo 7 del Código del Trabajo. Al ser una relación de carácter civil y no laboral, no existe una jornada legalmente limitada, por lo que no son sujetos de la rebaja a 42 horas ni de la posterior reducción a 40.

3. Jornadas especiales y sistemas excepcionales

Para los sectores con continuidad operacional (como minería, procesos industriales o salud privada), la normativa permite jornadas excepcionales autorizadas por la Dirección del Trabajo (Art. 38). En estos casos, la adecuación no es lineal:

• El promedio semanal de horas en el ciclo no puede exceder las 42 horas a partir de este abril de 2026.
• Las empresas pueden compensar el exceso de tiempo trabajado sobre las 40 horas mediante el otorgamiento de hasta 9 días de descanso anual adicional, según lo dictaminado por la DT para estos regímenes especiales.

"La reducción de la jornada laboral es gradual y protege la remuneración de los trabajadores. Aquellos sistemas que por su naturaleza no pueden detenerse, deben ajustar sus ciclos para que el promedio de horas no supere el máximo legal vigente al 26 de abril". —Dirección del Trabajo (DT), Dictamen de Implementación Ley 21.561.

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La reducción de jornada no es solo un cambio de reloj; implica ajustar contratos, revisar sistemas de marcaje y asegurar el cumplimiento de los nuevos promedios en jornadas excepcionales para evitar multas de la Inspección del Trabajo.

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